Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual: un antes y un después
Por Carlos Raimundi*
(especial para La Tecl@ Eñe)
1.
El texto y el contexto
La llamada Ley
de Medios significó un antes y un después en el país. Desde su proceso de creación
y su tratamiento parlamentario, hasta las propias dificultades y trabas
jurídicas, representan un enorme salto de calidad en el debate público de la
Argentina. Y si bien otras medidas del gobierno también han contribuido en este
sentido, la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual es quizás la más emblemática porque pone
como eje de la discusión política la cuestión del poder real.
La Ley dice
cosas muy importantes en su texto, vinculadas a la regulación del espectro
audiovisual, pero tal vez lo más profundo sea el con-texto de debate que se
abrió a partir de su discusión. Esto nos ha permitido ingresar en una
circunstancia única e histórica en la Argentina, que es la posibilidad de
evidenciar cuestiones de la propia naturaleza de la política, tales como dónde reside
el poder, quién lo detenta y cómo se ha venido ejerciendo en las últimas
décadas.
Todo esto tiene
que ver con ese cause de debate público de alta calidad que abrió la Ley. Yendo
al texto, la norma establece límites muy precisos en términos de cuotas de mercado,
porcentajes de población, etc. Al mismo tiempo, introduce una variante
fundamental que es permitir el uso del espacio audiovisual a sectores sin fines
de lucro. Se trata de un cambio conceptual fundamental.
De esta manera,
la Ley de Medios vuelve a poner las cosas en su lugar en el siguiente sentido:
el sujeto del derecho a la información es el pueblo y el espacio a través del
cual se emiten las señales de la comunicación audiovisual es público -y por lo
tanto del pueblo. Obviamente, cada uno de los habitantes que tenemos una cuota
parte de propiedad de ese espacio público audiovisual no podemos ejercerlo de
manera individual pero sí estamos representados por el Estado. En ese marco, el
derecho a la información es público, la propiedad del espacio es pública y,
hasta ahora, los que acumularon la explotación de esta renta fueron los grandes
grupos privados que conspiran contra ese derecho público. Por lo tanto, ante
este esquema, el Estado viene a ejercer un papel liberador, y no opresor. A
partir de la Ley de Medios, el Estado viene a sacar al pueblo de su condición
de rehén de los intereses privados que se apropiaron del espacio público.
Por otra parte,
la incorporación del artículo que promueve la producción local también es un
planteo democratizador por dos razones fundamentales: En primer lugar, porque
federaliza y diversifica el mensaje. Hace que los habitantes de Caleta Olivia,
por ejemplo, estén más cerca de saber la temperatura ambiente de Caleta Olivia
y no la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En segundo lugar, al exigir un
determinado porcentaje de producción local, los medios locales remplazan la
simple consola y la antena repetidora, por fuentes de trabajo concretas y
genuinas que expresan, además, la realidad comunitaria.
2.
Ayer lo militar, hoy lo
mediático

En la Facultad de
Ciencias Sociales de la UBA uno se puede encontrar con un panel con las
principales tapas del diario Clarín de las últimas décadas. Así, uno ve títulos
que expresan que la Dictadura era un nuevo gobierno; en otra tapa el diario se
refería a que Estados Unidos había reconocido al nuevo gobierno; y, en el
tercer ejemplar, Clarín manifestaba que el Fondo Monetario Internacional le
había otorgado un crédito al nuevo gobierno. De esa manera, en ese panel, se
dibuja el triángulo simbólico del poder con el cual disciplinaron,
pre-formatearon, la interpretación de la realidad hacia los sectores en donde
tienen mayor capacidad de incidir: los sectores medios. Estos tal vez no sean
los mayoritarios en términos numéricos pero sí son los que tienen mayor
capacidad para formar la agenda y los climas políticos. En definitiva, en ese
panel se refleja el triángulo de poder que nos gobernó durante 30 años.
Entonces, cuando decimos que quedan asignaturas pendientes, a pesar de todos
los avances, tiene que ver con aquello. Esta disputa no es del pasado, ni
ajena; es una disputa presente, y nuestra. Debemos seguir bregando para que
nadie se sienta en un espacio neutral ni equidistante.
- Dos conceptos
de política
En el libro de José
Ignacio López, sobre la biografía de Héctor Magnetto, “El hombre de Clarín”, el
autor narra que el CEO del Grupo Clarín siempre profesó una intensa vocación
política. También cuenta que en su juventud Magnetto ocupaba un cargo como
secretario de Rogelio Frigerio en el desarrollismo al mismo tiempo que iniciaba
su carrera administrativa en Clarín; y en determinado momento se encontró
frente a la encrucijada de qué camino debía elegir para poder cumplir con su
vocación política -construir poder político desde la militancia o a través de
los grupos de poder. Obviamente eligió el diario. Entonces, esa decisión
refleja el sistema político que creemos algunos y el que consideran otros, como
Magnetto. Esto llegó a su paroxismo durante la década de los noventa
-incluyendo al gobierno de De la Rúa. No se recuerdan actos movilizadores de
Menem o De la Rúa, los suyos eran discursos en los cenáculos del poder -en la
Sociedad Rural, en los ágapes del FMI, en las reuniones de Davos. Ahí era donde
los presidentes expresaban sus opiniones políticas. En ese marco no había
contacto con el espacio público ni con las grandes movilizaciones sociales,
porque el sistema de legitimidad estaba estructurado sobre el divorcio entre la
decisión política y el pueblo. Hoy, aún con imperfecciones o contradicciones,
el sistema está estructurado a través de la conjunción entre el liderazgo
político y la voluntad popular.
- El mérito de
mantenerse ocultos
Y si hay un
mérito muy importante que ha tenido el poder en nuestro país fue la capacidad
de mantenerse oculto, en una especie de refugio que le permitió pasar
inadvertido frente a los ojos de la ciudadanía. La gran mayoría de los
lectores, por ejemplo, de Clarín, desde siempre, leían el diario y creían en el
principio de objetividad del periodismo. Sin embargo, jamás se les hubiera
ocurrido que esa información, en lugar de informar, lo que hacía era, precisamente,
formar. Construir una interpretación de la realidad acorde con los intereses
económicos y políticos del holding propietario del medio. Y esto le genera un
enojo muy fuerte, porque no le conviene que se discutan estas cosas. No le
conviene que se explicite el hecho de que a lo largo de su historia han
construido todo un entretejido para darle órdenes a la política.
De este modo, lo
que hoy está en juego, como consecuencia de la implementación de la Ley, es un
cambio en la ecuación entre política y poder económico, en la relación entre el
Estado y el Mercado. Hoy está en juego si el Estado sale del rol de entidad
disciplinada por los grandes poderes para pasar a un rol de regulador de las
decisiones del mercado. Estamos frente a un cambio de paradigma: que la
política salga del papel de subordinarse a los lineamientos del poder económico
para pasar a ser ordenadora del poder económico.
5.
El mercado oprime, el Estado
libera
La estrategia
del poder, que no acepta esta pérdida de privilegios, es contraatacar con el discurso
de que la sociedad corre el riesgo de que la política monopolice los medios de
comunicación. Sin embargo, se trata justamente de lo opuesto. El desafío es que
la política logre independizarse de la cooptación que históricamente hicieron
los poderes económicos, y a la vez que los medios de comunicación se
independicen de los condicionamientos que les imponen los poderes económicos.
Desde esta línea de pensamiento, es la concentración a la que lleva la libertad
de mercado a ultranza lo que orprime, y la regulación estatal lo que libera.
Por otra parte,
si la Presidente de la Argentina hubiera querido controlar los medios, lo mejor
hubiera sido no promover la Ley, y permanecer con el esquema de la dictadura,
de un único interventor puesto a dedo por ella. La Ley de Medios establece
cuatro organismos –la Autoridad Federal de aplicación, el Consejo Federal, la
Comisión Bicameral parlamentaria de seguimiento, y el Defensor del Público-
cuya composición no garantiza mayoría oficialista.
6.
Los desaguisados judiciales
Esta capacidad
de los poderes económicos de influir -de tener más poder que las mayorías- queda
fuertemente en evidencia a partir del largo proceso judicial que viene
sobrellevando la aplicación efectiva y en su totalidad de la Ley de Medios. Y,
en particular, luego del fallo de la
Cámara en lo Civil y Comercial que dio lugar al pedido del
Grupo Clarín de extender una medida cautelar que lo único que asegura es el liso
y llano incumplimiento de la Ley. De una ley que goza de legitimidad absoluta
al haber sido discutida por la sociedad civil, aprobada por una amplia mayoría
parlamentaria, sostenida por la totalidad de los rectores de las universidades
nacionales y respaldada por las centrales sindicales y los organismos de
derechos humanos. Sin embargo, la misma no se encuentra en plena vigencia por
los intereses contra-mayoritarios de un grupo económico.
Estamos frente
a un claro caso de falta de seguridad jurídica. No la que tanto mentan las
empresa y el mercado, reproducida permanentemente por el coro mediático
opositor, desde el momento en que los poderes del Estado no pueden actuar con
independencia de aquellos intereses. Cuando Montesquieu hablaba de un poder
judicial independiente, no se refería únicamente a los otros poderes públicos
–el Ejecutivo y el Legislativo- sino también a la independencia respecto de las
presiones de cualquier actor privado que fuera parte en un litigio.
En este sentido,
si hay un camarista ligado al grupo económico que está juzgando, indudablemente
debería apartarse voluntariamente de esa causa. Lo mismo debería esperarse de un
camarista que viajó con su familia para participar de un seminario organizado
por la empresa que es parte en esa causa. Y ya es grave que no lo hicieran.
Pero aún más grave es que la propia Cámara
Civil y Comercial Federal haya desestimado la recusación presentada por el
Estado nacional sobre los jueces que participaron en dicho seminario y que mantienen
lazos con el Grupo Clarín. Ante esta circunstancia es poco lo que se pueda agregar
para darse cuenta que se está frente a una maniobra corporativa del poder
económico, en este caso, llevada a cabo a través de un poder público como el
judicial. Una suerte de estado dentro del estado.
Y mientras los
poderes fácticos y corporativos llevan a cabo sus argucias y estratagemas, ya
han pasado tres años de la no aplicación plena de la Ley. Esto implica que en
la Argentina existe una justicia fáctica que tiene más poder que el texto de la
ley y que la propia voluntad popular. Y uno de los resultados inmediatos de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual es poner en evidencia este tipo de circunstancias que
viene sobrellevando la Argentina históricamente, pero que afortunadamente hoy
queda a la vista de toda la ciudadanía.
7.
El alcance regional del poder mediático
Al mismo
tiempo, es factible advertir que el poder que han adquirido en las últimas
décadas los medios de comunicación no resulta un elemento exclusivo de nuestro
país, sino que se repite con sus peculiaridades propias en toda América Latina.
Estos grupos mediáticos monopólicos son los que encabezan la oposición a los
gobiernos populares en toda la región, y llevan a cabo una permanente tarea de desgaste,
escondiéndose detrás de una supuesta neutralidad.
Un claro
ejemplo, en este sentido, surge al observar cómo se montó el operativo previo a
las elecciones en Venezuela, donde la mayoría de los cronistas eran enviados
por las grandes corporaciones para volver a sus países con la noticias de la
derrota de Hugo Chávez o de fraude, si el triunfo de la oposición política no
se lograba. Y como no pudieron obtener ninguno de estos títulos terminaron, en
el caso de la Argentina ,
convirtiendo en noticia una especie de ‘secuestro’ de un famoso periodista
devenido en acérrimo opositor.
En este
contexto, el fallo de la Cámara
de Apelaciones a favor de Clarín, del 6 de diciembre pasado, de algún modo,
recuerda al juicio sumarísimo que le hicieron las Cámaras del Congreso
paraguayo al Presidente Fernando Lugo. En este caso, también en unos pocos minutos
se resolvió una investigación que tendría que haber llevado mucho más tiempo y
que fue silenciada tanto por la justicia como por los medios. A partir de esto,
queda en evidencia que aquella circunstancia ya estaba armada y orquestada
previamente para llevar a cabo un golpe institucional.
De este modo,
el parlamento paraguayo, -al igual que en nuestro país la Cámara Civil y Comercial Federal y parte de la corporación
judicial- son defensores del status quo que sostiene la estructura del
poder oligárquico. Los medios son hoy esa expresión de la alianza de clases que
históricamente utilizó a los militares. Se trata del mismo poder económico, que,
ante el desprestigio y retroceso del poder militar en América Latina, se aferra
ahora al poder de los grandes conglomerados mediáticos. Desmontar esa
estructura es, en el contexto descripto, democratizar. Porque hoy, como lo
demuestran los golpes de Honduras y Paraguay, y el intento en Ecuador, los
golpes tienen un tinte –paradójicamente- “institucional”.
8.
Corolario
En definitiva, en
estos veintinueve años que llevamos de continuidad de gobiernos electos, es la primera
vez que una administración se atreve a combatir a fondo esta particularidad
propia de las sociedades del Siglo XXI. En el caso argentino, la Presidente
Cristina Fernández de Kirchner ha marcado el rumbo. La Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual es el instrumento. Pero la profundidad y calidad del
debate, y la plena aplicación de la Ley, dependerán de la capacidad de
movilización y militancia de las organizaciones populares, de nuestra decisión
para ocupar el espacio público fortaleciendo la dimensión pedagógica de la
política, para que ningún conciudadano ni conciudadana se sientan ajenos a este
litigio histórico, que marcará la calidad de nuestra democracia futura.
* Diputado Nacional del Frente Nuevo Encuentro. Abogado
No hay comentarios:
Publicar un comentario
comentarios