Informe: De qué hablamos cuando hablamos de Batalla Cultural/El socio del silencio

El socio del silencio

Por Marcos Cittadini*
(para La Tecl@ Eñe)

Cuando el director de esta revista me invitó a escribir acerca de la llamada “batalla cultural” recordé algo que me sucedió cuando recién comenzaba mi carrera como periodista, a principios de los noventa. Yo colaboraba en La Nación y en un artículo utilicé la palabra “dictadura”. La editora me explicó con muy buenos modos que en el diario preferían utilizar expresiones como “Proceso” o “Gobierno de facto”. Una década después, la empresa periodística fundada por Bartolomé Mitre publicaba en tapa la palabrita sin que su posición ideológica haya cambiado en nada. ¿Qué es lo que varió, entonces? Lo que sucedió es que los organismos de derechos humanos y cierto sector de la sociedad lograron un enorme triunfo en el ámbito cultural en su búsqueda de la verdad y la justicia. El mismo sobreentendido común en el que se había aceptado la teoría de los dos demonios o que permitía que cualquier almacenero considerara normal decir “con los militares estábamos mejor” ya no fue aceptable a comienzos del milenio. Hoy existe una percepción de que a nadie en su sano juicio se le ocurre decir algo como eso o comparar los actos subversivos con el más salvaje genocidio de la historia argentina. Y La Nación publica “Dictadura” en su portada.

Desde hace unos años, la sociedad argentina enfrenta otras batallas culturales en las que los medios hegemónicos son también las principales espadas de tergiversación y mentira de los sectores dominantes. Para resumir en pocas líneas, aquella idea de que los funcionarios debían ser sólo gerentes de las corporaciones y que debían decidir en función de ellas, se terminó. Hoy ese argumento que indicaba que lo que era bueno para las empresas es bueno para la Argentina y su pueblo, no es valido porque están a la vista todos los casos en los que se desposeía a gran parte de la población y algunos se enriquecían y aplaudían. Y ese es un triunfo cultural de la sociedad civil y de la política que los grandes medios y sus socios no pueden tolerar.

Es probable que el escenario en el que el funcionario representa sólo los intereses de las corporaciones no desaparezca nunca porque la imbricación entre el poder económico y político es constitutivo del modo de representación capitalista pero en esta parte del globo ha sido puesto en cuestión con mucha fuerza desde 2002 a la fecha.

Lo que es central, lo que importa más, es cuestionar la prédica de la prensa del establishment que permitió que esa matriz de corrupción y despojo se solidificara a través de la historia y que justamente colonizó la opinión de los más perjudicados por ella. La que propició que algunos aceptaran los escándalos de saqueo a lo largo de la historia argentina como algo natural e incluso bueno, fue la complicidad de los grandes medios de comunicación.

Paralelamente con el abandono de esta idea del funcionario como representante de los intereses privados en la esfera pública, lo que ha cambiado de modo radical es la presencia del Estado. En esa sociedad tripartita que integraba con las grandes empresas y con los medios, al Estado le tocaba la obligación de ser el garante material de las futuras ganancias. A veces era brazo ejecutor, otras era cómplice, pero siempre era aliado en el saqueo. Hoy, merced al trabajo político de muchos sectores, su presencia en el rol de fiscalización es evidente. Se podrá decir que todavía no es suficiente y no se estará lejos de la verdad pero la dirección de su accionar ha cambiado. Y eso también es difícil de soportar para los sectores representados por Clarín y La Nación. Por eso denuncian casi como si fueran hechos de corrupción, situaciones perfectamente normales en un país sano, como la sanción a empresas que no cumplen con contratos de concesión o la búsqueda de tener la representación numérica adecuada en los directorios de compañías en las que el Estado tiene acciones.

Un ejemplo que parece menor nos puede dar una pauta de a qué nivel extremo se lleva esto. Cuando el Gobierno de Cristina Fernández anunció que se ponía en marcha la fabricación de DNI y pasaportes por un costo mucho menor que el que se estaba pagando, la cobertura periodística fue muy recelosa. Luego, la Ministra de Seguridad, Nilda Garré, anunció que no serían más los policías los que otorgarían documentos para salir del país y que las cédulas dejarían de existir. A raíz de este anuncio hasta se publicaron reportajes acerca de cómo esa decisión impactaría de modo negativo en los comercios del barrio en el que se realizaban los trámites, en el bajo porteño. Esta cobertura puede parecer ridícula pero expresa una realidad ideológica más profunda y peligrosa. El modo en que se tramitaban los DNI hasta hace poco era uno de los ejemplos más claros de exclusión de nuestro país. Mientras los habitantes de las grandes capitales conseguían sus documentos mediante una gestión engorrosa pero relativamente rápida, quienes vivían en lugares alejados, debían esperar años para recibir aquello que acreditaba su identidad. Sus posibilidades de trabajo o de acceso a la vivienda se reducían de modo dramático por este simple hecho. En el momento en que esa realidad tan desagradable cambió, los grandes medios se mostraron indiferentes o incluso críticos.

Cuando los consumidores de esos diarios o canales entienden que el perjuicio tan mentado no existe, cambian su relación con las instituciones y se produce la “descolonización” que mencionábamos. Cuando eso sucede –y está pasando muy seguido- pequeñas batallas culturales son ganadas.

*Periodista y miembro del staff del programa Mañana es hoy, emitido por Radio Nacional.