Entrevista al Fiscal Abel
Córdoba
Un fallo Histórico: “Es la
primera vez que un estrado judicial se pronuncia sobre crímenes ejecutados
desde el poder”
El Juicio de Lesa Humanidad
llevado adelante por el fiscal Abel Córdoba en la ciudad de Bahía Blanca, que
culminó con la condena del Tribunal Oral Federal a prisión perpetua para
catorce de los diecisiete imputados por la causa del V Cuerpo de Ejército, es
considerado un fallo histórico ya que es la primera vez que un estrado judicial
se pronuncia sobre crímenes ejecutados desde el poder, y porque también por
primera vez en la historia, tres jueces por unanimidad resuelven que la verdad
está en la palabra de las víctimas,
jerarquizadas al reconocérselas en su dignidad. Además la trascendencia
de este fallo reside en que los jueces han asumido con seriedad y firmeza su
función y han decidido que las investigaciones que se desarrollen en lo
sucesivo, para determinar responsabilidades criminales, tengan por objeto al
directorio de La Nueva Provincia,
dejando en claro la necesidad de avanzar hacia los responsables civiles y no
limitarse a las estructuras militares. En esta entrevista el Fiscal Abel
Córdoba explicará con detalles el Juicio y sus inicios como también las
responsabilidades del directorio del diario La Nueva Provincia en las desapariciones y asesinatos de
trabajadores-delegados del diario, y en el encubrimiento del asesinato de la
pareja de militantes peronistas Guillermo Hidalgo y Olga Souto.
Por Conrado Yasenza*
(para La Tecl@ Eñe)
El Juicio y sus comienzos
- Conrado Yasenza: Me parece
importante comenzar por cómo llega Usted a hacerse cargo de la Fiscalía en el
Juicio sobre los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos por el V Cuerpo de
Ejército de Bahía Blanca. La querella la había iniciado el fiscal Hugo Omar
Cañón, quien renunció para presidir la Comisión Provincial por la Memoria, y
usted se hace cargo en 2009. Es correcto este dato, si?
- Abél Córdoba: Hugo Cañón renunció para ser candidato del EDE (NdR:
Encuentro por la Democracia y la Equidad) en Pcia de Bs As. Ya presidía la
Comisión mientras era fiscal. En el 2006, por entonces yo participaba en
organismos de derechos humanos. Con la reapertura de las causas por los crímenes
durante la dictadura, me convocó Hugo Cañón para integrar los equipos de
trabajo de la fiscalía, y hasta el 2009 trabajé con él. Cuando él da el paso a
la política, fui designado a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de Bahía
Blanca. Las líneas de trabajo, han sido la continuidad de lo que Hugo Cañón
venía desarrollando desde los años 80, y a eso le pudimos sumar nuevos avances
de abordajes e imputaciones que estaban pendientes y que no se habían podido
desarrollar antes. Así fuimos ampliando las imputaciones y abarcamos no sólo a
las jerarquías militares, sino también a los cuadros intermedios, a los
ejecutores directos. Fue un avance relevante poder procesar a quienes fueron
los guardias de “La Escuelita” que permanecían impunes, por la modalidad con la
que habían actuado, usando nombres y alias de cobertura. Y lo mismo en la causa
por los centros clandestinos de la Armada en Punta Alta. Ahí avanzamos también
en imputaciones rearmando las cadenas de mando y determinando quiénes tuvieron
participación en los crímenes que en el caso del centro clandestino de Baterías
cuenta con más desaparecidos que sobrevivientes.
Al momento de asumir el cargo,
tenía pleno conocimiento de que comenzaba un tarea ardua y tener que continuar
la labor de Hugo Cañón, era otro desafío, ya que su figura era en buena parte
la que sostenía las causas, no sólo por su valentía, sino que significaba y
significa mucho aún para las víctimas, y testigos. Además también era
previsible que si lográbamos vencer las resistencias judiciales, que se
expresaban sobre todo en demoras y desvíos de los trámites, llegaríamos por
primera vez a un juicio oral y público. Al cabo de este tiempo, más allá de
haberse logrado el primer objetivo que era la condena de los responsables, está
la satisfacción de haber podido armar un equipo de trabajo muy sólido, a la
vez, con gente muy joven y perfiles profesionales específicos, formados
mientras trabajaban en diferentes áreas de derechos humanos, lo cual, para el
poder judicial local, es una renovación necesaria, que posibilita desarrollar
otros enfoques, más profundos e interesantes, lo que es también imprescindible
en esta materia, donde se necesita una comprensión de la materia que llamamos
Lesa Humanidad, muy particular, tanto porque no deja de ser un servicio de
justicia para las víctimas, cuya contención y comprensión es prioritaria y
luego, para la comprensión de los hechos, trabajamos con hechos gravísimos, de
gran relevancia social, pasada y presente y es necesario para entenderlos,
tener enfoques conceptuales superadores del enfoque judicial clásico, por la
valoración especial de los testimonios, la dificultad de investigación, la
particularidad de los imputados que cometieron los hechos desde estructuras de
poder y también por la persistente tensión que implica avanzar en esta materia,
diría en todo el país, pero en Bahía Blanca, particularmente, tenemos factores
de poder específicos que conforman un panorama siempre complicado o adverso,
hostil a esos avances.
- CY: Sabemos
que desde el 2009 no fue fácil llevar adelante el proceso, que peligró
en varias ocasiones debido a las trabas e intromisiones de, por ejemplo,
el Juez del Tribunal Oral en lo Criminal, Gustavo Duprat, quien
inicialmente se excusó de formar parte de la causa y luego pidió la
excarcelación para ocho de los acusados que se encontraban detenidos. ¿Podría
extenderse en este punto, que creo crucial para el posterior desarrollo del
Juicio?
- AC: Duprat no pidió la excarcelación de 8 acusados. Sino que
resolvió, sin poder intervenir, no encarcelarlos. En Bahía Blanca el principal
obstáculo para avanzar ha estado en el poder judicial. Han sido los jueces los
operadores más efectivos de la impunidad. Y no es un dato menor la demora. Lo
que muchas veces está en disputa es el tiempo. La confrontación entre la
acusación y quien resiste a que se lo juzgue, porque se sabe con mínimas
chances de poder eludir una condena porque hay mucha prueba en contra, pasa por
el interés de la fiscalía en transitar la investigación de modo ágil, e ir a
juicio de inmediato. Las defensas saben que el tiempo que pase sin juzgamiento
es tiempo impune, pero son los jueces
que tienen, y en Bahía Blanca lo han ejercido, el poder efectivo para retrasar
un juzgamiento. En ese sentido, los imputados que han muerto impunes y los años
que demoró el primer juicio en poder hacerse son logros del juez retirado
Álvarez Canale y del juez Juan Leopoldo Velázquez. La garantía de impunidad por
falta de impulso lleva en Bahía Blanca el sello de Velázquez, que ha consagrado
con años de demora la impunidad de imputados como Julián “El Laucha” Corres, uno
de los torturadores de La Escuelita.
En Bahía Blanca es claro que hubo
siempre una fiscalía dispuesta a impulsar el juicio, testigos dispuestos a
declarar pese al maltrato judicial de tantos años; lo único que no teníamos era
un tribunal que estuviera dispuesto a cumplir su rol imparcial. Cuando lo hubo,
conformado por jueces de otras ciudades, por primera vez víctimas de hechos
gravísimos, pudieron sentirse respetados por jueces democráticos. Ninguno de
los jueces del tribunal local, ni Juan
Leopoldo VELÁZQUEZ; ni Gustavo DUPRAT, ni Raúl Hilario FERNÁNDEZ OROZCO estaba en
condiciones de juzgar hechos e imputados con los que tenían compromisos.
Incluso DUPRAT y VELÁZQUEZ operaron decididamente para favorecer a los
militares imputados, evitando sus detenciones, con excarcelaciones que
derivaron previsiblemente en fuga, como en el caso de Miguel García Moreno,
liberado por Velázquez y desde entonces, prófugo. Le cabe por eso una clara
responsabilidad.
- CY: El Tribunal tuvo que ser
conformado finalmente por Jueces Subrogantes no oriundos de Bahía Blanca.
¿Cuáles fueron las circunstancias, los hechos, que se sucedieron hasta llegar a
conformar el Tribunal presidido por el Juez Jorge Ferro?
- AC: El primer tribunal en Bahía Blanca estaba presidido por el
juez Velázquez, quien integraba sus votos con una jueza jubilada, Beatriz
Torterola. Las demoras, los criterios que aplicaban y que originaron el
estancamiento de la causa, por no fijar fecha de debate o por ejemplo
excarcelar a los imputados con antecedentes de fuga, eran la evidencia de una
decisión callada de asegurar la impunidad. Cuando la Fiscalía constató, incluso
fue publicado en diarios nacionales, que el presidente del tribunal VELAZQUEZ
tenía amistad con un imputado, el abogado Hugo Mario SIERRA, y de
reuniones con uno de los abogados que defiende imputados y eso al mismo tiempo
que se negaba siquiera a recibir en su despacho a un familiar de una víctima,
fue claro y comprobado que en Bahía Blanca no habría posibilidad de enjuiciar a
nadie y que los resortes corporativos locales eran los que operaban contra el
juzgamiento y tenían en los jueces a los responsables de asegurar ese objetivo.
La Fiscalía recusó al juez Velázquez que admitió los hechos y también se apartó
el tribunal la jueza TORTEROLA, allí se designó a jueces de otras ciudades que
conformaron un tribunal que tuvo un desarrollo ejemplar en este primer juicio,
donde hubo comprensión de lo delicado de las condiciones de los testigos,
decisión clara de no supeditar el juicio a otros factores que no sean los
jurídicos y al sentenciar, lo hicieron de modo ejemplar. Eso demuestra que lo
faltó en Bahía para juzgar antes, fue un tribunal imparcial.
- CY: ¿Además del Juez Duprat y
los abogados defensores de los imputados, qué otros sectores de la sociedad
bahiense interfirieron en la posibilidad de contar con un tribunal propio, y
por tal motivo, de llevar adelante el Juicio?
- AC: Como he dicho los jueces fueron los que efectivamente
interfirieron, luego hay en esta ciudad una conformación institucional muy
particular, que no resulta ajena a un perfil social muy hostil para las
víctimas desde el mismo momento de los hechos y que en algún grado se mantiene.
El Fiscal Félix CROUS ha dicho que Bahía Blanca es la capital nacional del
Terrorismo de Estado. Y coincido con esa apreciación. Es una ciudad que tiene 3
bases de la Armada en sus cercanías, el Comando del V. Cuerpo de Ejército, una
unidad militar como el Batallón de Comuncaciones 181 y una usina ideológica
desde lo comunicacional como La Nueva Provincia
que sigue emitiendo los editoriales más antidemocráticos que puedan leerse y
reivindicando a figuras como Emilio MASSERA o el mismo plan criminal de
exterminio, al que el tribunal ha considerado, que no eran ajenos.
- CY: ¿Cómo cree Usted que ha repercutido
en Bahía Blanca la condena a prisión perpetua a catorce de los diecisiete
imputados por delitos de lesa humanidad?
- AC: Al mismo tiempo que está esa conformación, van surgiendo en
Bahía Blanca espacios democráticos, espacios políticos y sociales que también han
forjado esta sentencia. Entiendo que hay pendiente una difusión, no sólo de la
condena, sino también de lo que han sido los testimonios y las declaraciones de
los imputados que sin dudas contribuirá
a que un hecho histórico de relevancia nacional como el que ocurrió en Bahía
sea percibido por más gente que la que está alrededor de este juzgamiento, como
familiares o víctimas. Creo que sería conveniente que se ampliara la difusión
de las audiencias, si hay consentimiento de los testigos, deberían ser emitidas
por canales de televisión, radio, y llegar directamente y superar así la
publicidad de la audiencia. Eso facilitaría la comprensión de lo relevante que
es un juicio donde se están juzgando 40 homicidios por ejemplo, o permitiría
superar enfoques tributarios de la ignorancia como aquel que dice “esto son
hechos del pasado” o que reflejan esquemas de pensamiento autoritario, como el
“hay que matarlos a todos”. Luego de cinco testimonios, es posible que quien
piense eso, no lo pueda sostener, siquiera para sí mismo. Es un punto donde
todavía se puede avanzar, la publicidad efectiva del juicio oral, más aún
cuando se cuenta con el interés de muchos jóvenes con inquietudes por los
hechos. Ir a una audiencia siempre va a requerir una decisión mayor, es una
dificultad, si hay difusión pública de los testimonios, se lograría una llegada
social que en algún punto transformaría muchos modos de pensar como los que
todavía se escuchan.
- CY: Fueron sentenciados también
miembros de la policía y del Sistema Penitenciario Bonaerense. ¿Supone Usted
que esto tendrá un impacto también en esas instituciones?
- AC: Las condenas son una clara señal hacia las instituciones del
Estado, una señal desde el estado democrático hacia las instituciones
represivas. Son importantes. En primer término, un juicio oral tiene como
público, quizás involuntario o impensado, a guardias del servicio penitenciario
en actividad, a suboficiales de la fuerza que garantice la seguridad por
ejemplo, que en Bahía Blanca fue la gendarmería. Sin dudas las condenas
implican quiebres institucionales, la decisión de condenar importa deslegitimar
desde el poder judicial actos de torturas, y enviar una señal de que no hay
impunidad garantizada para quien cometa esos actos, aunque se realicen contra
personas que quien hace esos actos no valora o considera sub-humanos. Pero está
claro que tampoco es suficiente, y por eso, al mismo tiempo que se condena a
quienes fueron jefes del unidades carcelarias, se sigue torturando, se sigue
matando en la cárcel. La Comisión por la Memoria denuncia cada año esta
situación, y en 2012 murió una persona cada 3 días en el Servicio Penitenciario
de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, son condenas necesarias, pero
evidentemente insuficientes. Por eso, lo imprescindible es juzgar a quien
torturó en la dictadura y también, de inmediato, a quién comete violaciones a
los derechos humanos ahora. Esa situación actualmente afecta de lleno en los
sectores marginados de la sociedad, los torturados hoy son jóvenes excluidos,
seleccionados en la calle por los criterios discriminadores y racistas de la
policía en los barrios pobres de las ciudades, criterios luego legitimados por
el poder judicial que no cuenta con una policía judicial y mientras ello no
ocurra está destinado a ser el brazo jurídico que le da legalidad al dominio
policial sobre el delito organizado y su sistema de castigos y connivencias. Es
decir, para la situación actual de instituciones policiales y penitenciarias,
es relevante juzgar y quebrar la tradición represiva, que no está superada,
todavía es crítico pedirles documentación y también de eso es indicador que en
el juicio oral quienes no colaboraron con la obligación de testimoniar, quienes
fueron contra la administración de justicia e incurrieron en falso testimonio
fueron integrantes del ejército, de la policía y del servicio penitenciario.
Por eso es importante, pero será necesaria la decisión de los planos políticos
para impedir una autonomía que se recorta de la democracia efectiva.
- CY: ¿Cómo analiza Usted el
panorama de lo que se ha denominado en la actualidad como “Corporación
Judicial”? ¿Cree que es necesaria una profunda revisión de los lazos y
complicidades de la justicia con la última dictadura cívico-militar?
- AC: Referido a esta ciudad, el panorama es crítico. Tenemos un
tribunal oral conformado por un juez como Duprat que está denunciado ante el
Consejo de la Magistratura por haber tenido una intervención irregular para
evitar que se encarcele a los imputados por crímenes de Lesa Humanidad. En el
mismo Tribunal está el Juez Velázquez quien decididamente por largos meses fue
el más efectivo operador de la impunidad de los 17 condenados recientemente y
también de varios más que murieron sin ser juzgados o se dieron a la fuga como
García Moreno; y que por otra parte, no ha tenido implicancia alguna por las
consecuencias de sus conductas. Y el tercer juez es Fernández Orozco, quien en
plena dictadura pidió ejecutar a un imputado, ha sido en los años 80 defensor
de imputados por estos crímenes y se ha jactado, esto lo ha denunciado el ex
fiscal Hugo Cañón, de que con esas defensas fue cuando más plata embolsó. Así
está conformado el tribunal oral de Bahía Blanca. Y en la instancia de
instrucción, específicamente, en la causa donde se investigan los crímenes
cometidos en la Armada Argentina, el abogado Eduardo TENTONI, que actúa como
juez, ha sido también quien demoró interminablemente la causa, quien ha
consagrado privilegios injustificados a imputados. Por ejemplo al imputado DE
LEÓN, para no trasladarlo a la cárcel, lo mantuvo internado ocho meses en el
Hospital Naval. Los médicos navales le daban el alta, le recordaban al juez que
debía sacar a DE LEÓN del hospital naval, pero el juez TENTONI lo mantuvo hasta tanto sacarlo del
hospital implicara no la cárcel sino el domicilio. Tras ocho meses
hospitalarios, fue llevado a su domicilio. En esa investigación, las
irregularidades y dificultades para avanzar son manifiestas, dado el
amateurismo de un abogado como TENTONI que no está a la altura de la función
judicial. La propia Cámara de Apelaciones ha tenido que indicarle que perdió el
rumbo, que es necesario que priorice lo importante sobre lo superfluo y pautas
elementales que mientras se encuentre a cargo de la causa ARMADA, van en
desmedro de quiénes padecen la impunidad. Además TENTONI viene siendo un
apologista de la Armada, mientras la Armada no muestra disposición a entregar
documentación de interés, TENTONI suscribe agradecimientos a la institución,
que evidencian una simpatía más allá de la función. Por otra parte, ha tenido
lo que el juez ad hoc TENTONI llamó “almuerzo de trabajo” con el actual jefe de
inteligencia de la Armada Argentina, la fiscalía le ha pedido que explicite el
contenido de ese encuentro, dado que la inteligencia militar no puede tener un
marco interno, no puede operar en una causa judicial y pese a que van varios
meses de ese pedido, el juez, se ha negado a dar explicación alguna. Ni
siquiera ha respondido qué tipo de trabajo desarrolló con la inteligencia de la
Armada. Obviamente que ese silencio es preocupante porque está a cargo de una
causa muy delicada, y al mismo tiempo, los imputados son beneficiados con
privilegios inconcebibles, como la habilitación de paseos barriales para
quienes cumplan prisión domiciliaria.
La Nueva Provincia y los delegados desaparecidos
- CY: Los trabajadores -delegados
del diario La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, fueron
secuestrados, torturados y asesinados. Por estos asesinatos está siendo
investigado Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia de Bahía
Blanca. ¿Cómo cree que proseguirá la investigación sobre la posible comisión de
delitos de acción pública contra los directivos de La Nueva Provincia? En un
documento de inteligencia de Prefectura sobre “guerrilla sindical” en La Nueva
Provincia, consta que los directivos del diario documentaban cada paso de los
delegados ante “los comandos militares y navales de la zona”.
- AC: La investigación de esos homicidios, ha encontrado en esa
documentación una de las claves por las cuáles se podrá profundizar, ya que
quedó comprobado que había una contínua y minuciosa persecución sobre ambas
víctimas y que el único conflicto que habían tenido en sus vidas, era con la
empresa La Nueva Provincia. Es un caso que seguramente en breve estaremos
también llevando a juicio. Por lo determinado hasta ahora, es evidente que el
caso no sólo pertenece al plano militar, donde seguramente se ejecutó el hecho,
sino que también había un interés del sector patronal en ellos, y tal como han
declarado sobrevivientes de esa época, había una clara política de terror hacia
otros empleados que a partir de esos homicidios recibieron un mensaje
amenazante y disciplinador a la vez.
El caso Hidalgo-Souto
- CY: Hay otro caso emblemático
que es el asesinato de la pareja de militantes peronistas Daniel Guillermo
Hidalgo y Olga Souto. Y digo emblemático
porque en ese asesinato, presentado como operativo antisubversivo, tuvo una
participación destacada Carlos Alberto Arroyo (militar integrante del V Cuerpo
de Ejército), quien no fue juzgado y permanece en libertad. Además la no
condena de Arroyo deja evidenciado cómo estos personajes se camuflan en
democracia y hasta ocupan cargos institucionales: En la Casa Militar durante el
menemismo y custodia presidencial; y en 1993 estaba a cargo del Registro del
Automotor N° 6 de Avellaneda. ¿Cuál es su apreciación sobre el caso en
particular y sobre las falencias del sistema judicial?
- AC: En el juicio que terminó recientemente quedó comprobado que
el caso no había sido como lo difundieron el Ejército y La Nueva Provincia, e
intentaron sostener los imputados, quedó acreditado que fue un fusilamiento, y
que la crueldad que aplicaron ahí los oficiales del ejército Julián Oscar
"Laucha" CORRES; Miguel Ángel GARCÍA MORENO, Carlos Alberto
ARROYO entre otros, no tuvo límites. Luego de fusilar a los dos jóvenes,
secuestrar a toda una familia, e incendiar el departamento, desaparecieron el
cadáver de la mujer, Olga, que estuvo enterrado bajo otra identidad durante casi
10 años. Una década fatigó la madre de ella buscándola, iba a reuniones de
familiares, ya en democracia, con la foto de su hija con la esperanza, esto da
una pauta de lo doloroso, de que alguien la haya visto en un centro
clandestino. Es fácil imaginar que si la esperanza está dada por el infierno,
lo que esa madre vivía está más allá del límite de lo imaginable. En el caso de
Arroyo fue uno de los ejecutores y luego condecorado por el hecho. En
democracia y de la mano del poder político de Carlos Menem ocupó lugares como
la casa militar y cumplió funciones relevantes. Sin dudas se trata de alguien que todavía hoy cuenta con acceso a
sectores de poder y cuyo juzgamiento, nada menos que de un doble homicidio que
se le imputa, es prioritario.
Dos Preguntas Personales
- CY: ¿Sufrió algún tipo de
amenazas durante el largo proceso hasta el dictado de la sentencia?
- AC: No, no he tenido amenazas, lo ofensiva mayor ha sido desdelos
órganos de prensa más reaccionarios, que tratan de afectar la política criminal
que tiene como prioridad el juzgamiento de quienes han masacraron a una
generación en Bahía Blanca con cuestionamientos para-procesales; y de los
propios jueces que, por ejemplo, en el caso de Eduardo TENTONI llegó a
investigar a mi familia para saber si algún familiar mío había sido víctima de
la dictadura para así poder resolver mi apartamiento. Esa situación resulta
preocupante porque quien está dispuesto a hacer un desvío de su función de ese
tipo, sin dudas importa un riesgo para el proceso penal. Es nada menos que el
juez, y tiene a cargo por ejemplo la protección de las víctimas, a las que hace
dar explicaciones de por qué se presentan a declarar si pasó tanto tiempo.
-
CY: Me llamó la atención, y gratamente, la cita a Julio Cortázar en su
alegato final. ¿Nos puede contar el porqué de esa cita?
- AC: El alegato de la Fiscalía estuvo atravesado por menciones de
otras disciplinas, de la sociología, la filosofía y la literatura. Es evidente
que la mayor lucidez y la profundidad de análisis de situaciones humanas
límites, no es patrimonio judicial; y hay claves para entender algunos aspectos
de los hechos que juzgamos en la literatura de Roberto Arlt, en Jorge Luis Borges,
obviamente en intervenciones como la de Julio Cortázar. Por ejemplo, tras
pensar los modos de dar cuenta de la gravedad de un testimonio sobre la tortura
elaborado por una víctima que relativiza los hechos que le ocurrieron fue un
prólogo de Juan SASTURAIN quien mejor definía a ese terror que subyace oculto
debajo de esa relativización necesaria para seguir viviendo y por supuesto en Gombrowicz
que también fue citado. Y citar a escritores que han captado con su
sensibilidad la trama de que están hechos los relatos, y también quienes han
podido expresar acabadamente diferentes perfiles del terror resulta
imprescindible; además el manejo del lenguaje de escritores así supera al de
cualquier operador judicial. Con lo cual, asistieron con sus sensibilidades y
expresividad a la difícil tarea de contar lo que había pasado y fundamentar los
pedidos de condena. La cita específica de Cortázar ya había sido mencionada en
un juicio en Buenos Aires por Félix Crous, y decidimos mencionarla también en
Bahía Blanca porque tiene la virtud de
dar cuenta de numerosos aspectos que aparecieron en los hechos, de los
imputados, de lo infernal y sobre todo de las ausencias, y desapariciones, que
son la materia de la que está hecha nuestro presente. También comparto y
obviamente consideré insuperable cómo expresó su llamado a mantener en un
obstinado presente algo que se ha querido mantener en el cómodo país del
olvido.
Final. Fallo Histórico
- CY: Finalmente ¿Acuerda Usted
en que este fallo y las condenas pueden considerarse como históricas? ¿Y por
qué razones?
- AC: En primer término es el inicio de juzgamientos más amplios,
en esta jurisdicción está pendiente el juzgamiento nada menos que de las
estructuras de la Armada Argentina y un primer juzgamiento en el que se haya
comprendido la onda gravedad del terrorismo de estado y sus consecuencias sobre
las víctimas, permitirá sin dudas, que los juzgamientos pendientes se realicen
con celeridad.
Y es histórica desde varios
aspectos, lo mencionamos al alegar: es la primera vez que un estrado judicial
se pronuncia sobre crímenes ejecutados desde el poder. Bahía Blanca acumula
desde su fundación hasta el presente, masacres, persecuciones, desapariciones,
torturas, y el silencio de los tribunales.
También porque es el juzgamiento de miembros de las instituciones
fundantes de la ciudad, y porque por primera vez en la historia, tres jueces
por unanimidad resuelven que la verdad está en la palabra de las víctimas, que
se ven así jerarquizadas, por primera vez no sienten sobre sí la bota militar,
o la mirada culpabilizadora de una sociedad hostil, sino que insisto, por primera
vez, se les reconoce su dignidad. Que el poder judicial integre su resolución
con la palabra de la víctima es un avance en términos jurídicos e
institucionales.
También es histórico porque los
jueces han asumido con seriedad y firmeza su función y han decidido que la
investigación que se desarrolle en lo sucesivo para determinar
responsabilidades criminales, tenga por objeto al directorio de La Nueva Provincia.
Es un aspecto innovador y sin dudas muy claro de que un abordaje judicial
profesional, necesariamente debe avanzar hacia los responsables civiles y no
limitarse a las estructuras militares.
Otro aspecto relevante es que
esta sentencia condenatoria pasa a integrar la biografía de los condenados, en
un plano inverso al de las víctimas, por lo cual también tienen así su verdad
comprobada. Uno de los condenados, hasta el juicio rescataba: nunca nadie me
mencionó, ningún organismo de derechos humanos de todo el mundo me incluyó en
ningún listado. Que sea el poder judicial al cabo de un juicio oral y público
el que restituya también la verdad a esas biografías de los condenados que no
han manifestado arrepentimiento alguno, ni han tenido un gesto humanitario ni
siquiera con los padres de los desaparecidos con quienes no sólo comparten
generación, sino también la certeza de que la muerte es algo cercano
estadísticamente, que pueden concluir que no queda mucho tiempo de vida, y
quizás desde ahí aliviar el dolor que siguen causando con su silencio, y que
por eso no dudamos en calificarlos de torturadores en ejercicio, y en acto en
la propia audiencia ya que siguen sometiendo a sus víctimas a la incertidumbre
de dar con los restos de sus seres queridos, entonces, esa verdad judicial ya
no podrá ser eludida por ellos, y es una verdad que revela en cada condenado la
crueldad que han aplicado contra los jóvenes de esta ciudad y que aplican
todavía hoy, de hecho, de las muchas facetas históricas de este juzgamiento,
que es la condena más severa aplicada en la historia judicial, quedan
cuestiones pendientes que impiden suponer algo superado, que indican la
gravedad de lo pendiente. Al cabo de este juicio, sigue pendiente como el
primer día, dar con los hijos apropiados que nacieron en los centros
clandestinos. Mientras eso sea así, resurgirá lo incompleto del logro, y la
urgencia de esas búsquedas.
*Entrevista realizada por Conrado
Yasenza para La Tecl@ Eñe
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